Los miembros del frente reclamaron que tras cinco años del homicidio, éste no se ha esclarecido y sólo está detenido un supuesto autor material.

Se cumplen cuatro años de asesinato del luchador social, Samir Flores.

Señalan a funcionarios y ex funcionarios de Morelos de tener una presunta colusión con el crimen organizado.

Activistas exigieron que se le retire la carpeta de investigación pues luego de tres años del asesinato de su colega no hay ni siquiera línea de investigación.

El proyecto “acabaría con el agua y la vida de Morelos”, señalaron integrantes de la Caravana por la Vida y el Agua.

El activista Jorge Velázquez pidió además que la FGR atraiga la investigación del asesinato de su compañero de lucha, Samir Flores.

Un juez determinó que la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 6 de octubre.

Además reiteraron su rechazo a los megaproyectos que afectan a la población.

El activista opositor al Proyecto Integral Morelos fue asesinado hace dos años.

Esposa y amigos del opositor al proyecto denuncian inconsistencias en las pesquisas.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua protestó en Cuernavaca para exigir justicia por el asesinato del activista.

Rafael Monroy y Antonio Camacho eran docentes y voces activas en contra de los megaproyectos en la entidad.

Los manifestantes marcharon hasta la entrada de la termoeléctrica cargando veladoras, pancartas e imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Los ideales de Zapata siguen vigentes, dice nieto del general; “daremos la vida si es necesario.”

Participan también normalistas, maestros y ambientalistas, que se oponen a que la CFE se lleve agua a la termoeléctrica de Huexca.

Protestan por el desalojo violento que sufrieron sus compañeros en un campamento frente de las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla.

Con el Proyecto Integral Morelos se avanza la imposición energética en el pais, argumentan en un comunicado el CNI, el CIG y el EZLN.

Jorge Zapata sostiene que no están de acuerdo con el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto.

Los inconformes señalan al tesorero y al vocero municipal de negociar el agua y el territorio de la localidad con las autoridades estatales.