Las autoridades habían detenido a 94 personas, en una acción que más que un estallido popular, se conforma como una acción premeditada, señaló el ministro de seguridad federal, Aníbal Fernández.
La reforma a la constitución provincial limita los derechos de libre manifestación y abre la puerta al despojo de tierras indígenas y la privatización de recursos naturales.
