El ex mandatario es acusado del delito de “rebelión”, tras haber intentado disolver el Congreso en 2022 e instaurar un gobierno de excepción.

La suma de 140 millones de soles (casi 40 millones de dólares) acumula las reparaciones estimadas por los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica.

El gobierno excarceló al ex presidente el 6 de diciembre y la CorteIDH advirtió a Perú que se encontraba en desacato ante el tribunal internacional.

Cumplía una condena de 25 años por el asesinato de 25 civiles durante su gobierno.