La medida, aprobada en el Congreso argentino por un bloque de peronistas y radicales, favorece a uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste económico del gobierno ultraderechista.
El mandatario amenazó con despedir a otros 70 mil burócratas más; además, anunció un decreto para prohibir el otorgamiento de créditos a los jubilados para compensar las bajas pensiones.