La sentencia del primer proceso por crímenes en la guerra civil (1980-1992) que llega a su fin será dictada este viernes. La fiscalía espera que los inculpados sean condenados hasta 36 años de prisión.
El documento detalla casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores detenidos durante el Estado de Excepción impuesto por Bukele en 2022.
"Trasladamos a más de 2 mil pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, hacia el Cecot", indicó el mandatario Nayib Bukele en su cuenta en la red social X.
Grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay muchos inocentes y que la "crisis" de derechos humanos puede "perpetuarse" en el país.
“El 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente”, según el informe.
El TSE de El Salvador declaró firme el escrutinio final que confirma que el joven empresario Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales y seguirá gobernando el país por otros cinco años.
El proceso se lleva a cabo en un hotel de la periferia oeste de San Salvador, con la presencia de representantes de los partidos contendientes, la fiscalía y observadores internacionales.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele continúa recibiendo el reconocimiento de gobiernos extranjeros por su relección y los partidos de oposición denuncian irregularidades.
En marcado contraste con la respuesta internacional para defender el proceso democrático en Guatemala, hay un extraño mutis respecto a la erosión de la democracia y los derechos humanos en el otro país vecino, El Salvador.
A inicios de mes, Bukele recibió el aval del árbitro electoral para buscar la relección en medio de una alta popularidad granjeada, en gran parte, por una lucha frontal contra las pandillas.
El mandatario, que goza de alta popularidad, se inscribió el pasado 27 de octubre para buscar de nuevo la presidencia y horas después, la autoridad electoral emitió su criterio a favor con cuatro votos y una abstención.
Más de 4 mil efectivos de la fuerza armada y de la policía se sumaron a una operación para cercar a tres comunidades populosas en la periferia de la capital del país centroamericano.
Con ello, se mantiene por 30 días más la suspensión de las garantías constitucionales para poder realizar detenciones de los pandilleros sin órdenes judiciales.