El último día de 2024, un examen antropológico y de ADN identificó los cuerpos calcinados; ese mismo día un juez ordenó prisión preventiva contra 16 militares implicados.

Los familiares presentaron una denuncia el mismo día de la desaparición, el 8 de diciembre, pero el caso no se conoció públicamente hasta el sábado pasado.

Tras esta decisión judicial, los 16 soldados están bajo arresto, pero a cargo de agentes de inteligencia del ejército