El hombre estuvo preso 18 meses y murió en espera de ser indultado; el Estado mexicano lo demandó para pagar 18 millones de pesos por "daño al sistema".
El primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Toluca ordenó que “se deje insubsistente la sentencia” dictada en diciembre de 1994 contra el asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.
