No podemos comprar un pleito, expuso el mandatario, quien el sábado se reunirá con funcionarios para conocer si los inconformes se desistieron de los amparos.
Ya se había hecho un avalúo para definir el costo total de la compra, pero unos 300 empleados, “asesorados” por un grupo de abogados, exigieron más dinero, lo que ha puesto en riesgo la negociación.
