El pasado 17 de mayo habían declarado improcedente la solicitud del ex funcionario de anular dichas pruebas y con ello cancelar el juicio por asociación delictuosa, cohecho y lavado.
Estaba programada para el 8 de mayo. Un día antes se llevará a cabo la audiencia constitucional donde se resolverá si se le otorga la protección federal al ex funcionario.
Promovieron un recurso de revisión contra la resolución del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, quien el 19 de febrero pasado concedió la protección de la justicia al ex funcionario.
Fue beneficiado, entre otras cosas, al serle excluida su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, se destacó.
El caso del ex funcionario priísta quedará en la impunidad: "había toda una intencionalidad de traerlo a México, de perdonarle la vida a cambio de que involucrara a los enemigos del Presidente”.
Determina que sea un tribunal federal el que ponga punto final a la exigencia del ex funcionario para expulsar del proceso judicial a Pemex y a la UIF por una supuesta “falta de legitimación” como víctimas en el litigio.
Aún no es admitido a trámite porque existe un juicio similar en otro juzgado, por ello solicitó a ese órgano jurisdiccional que haga posible la vinculación del nuevo juicio.
El recurso se presentó en la misma fecha en que tramitó otro similar respecto de la suspensión que le concedieron como parte del juicio que inició para recuperar su libertad en el caso Odebrecht.
El caso se turnará a un Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil y Administrativa, quien en los próximos días determinará si confirma, modifica o evoca el fallo de primera instancia.
Jueces deciden liberar bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes con pretextos legaloides porque no son capaces de ir al fondo, dijo.
El inmueble de Lomas de Bezares presuntamente fue adquirida con dinero producto de los sobornos que recibió el ex funcionario para adquirir Agronitrogenados.
Su sentencia se basó en que el empresario Alonso Ancira, presidente AHMSA, ya llegó a un acuerdo reparatorio con las autoridades federales, se argumentó.
El juez de control la suspendió en julio pasado al frustrarse un acuerdo reparatorio. La UIF y Pemex aumentaron de 10.7 a 30 mdd el monto que exigen al ex funcionario.
Óscar Augusto Zamudio Campos está señalado del presunto delito de abogados patronos y litigantes, en la hipótesis de alegar a sabiendas de hechos falsos.
La defensa respondió a los señalamientos realizados por el presidente López Obrador respecto de que la reparación del daño permitirá a Lozoya seguir el proceso en libertad y que no concluye el proceso penal.
Debe haber justicia en la medida que lo establece la ley y esto también significa que la reaparición del daño le permite seguir el proceso en libertad, mencionó.
En este asunto se actualiza la causal de improcedencia, ya que el juez de control resolvió que el recurso de revocación que promovió el ex funcionario resulta improcedente.
Los abogados del ex director de Pemex solicitaron una cita para redactar los acuerdos referentes a los casos de soborno de Odebrecht y Agronitrogenados.
