Tras la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se les devolvió su carácter de empresas públicas y regresó al Estado mexicano el control de sus recursos.
Diputados señalaron la necesidad de que se impulsen reformas para mejorar el funcionamiento de otros eslabones del sistema judicial del país, en particular los ministerios públicos y las fiscalías.
"Es necesario generar condiciones que permitan, además de un funcionamiento del PJ, participar constructivamente en la nueva época democrática que configurará a este poder”.
Se trata de la regulación secundaria a las reformas hechas el año pasado, la expectativa era que estuviera en los primeros meses del 2024, dijo el director del organismo.
Se mejoraría la fiscalización a partidos, la coordinación entre instituciones para impedir financiamiento del crimen organizado y reducir costo de elecciones.
