Se trata del primer amparo contra la reforma que impulsó en su gobierno Andrés Manuel López Obrador, aunque este recurso beneficia exclusivamente al quejoso.
El Acuerdo entra en vigor a partir de mañana 16 de julio, mismo que deben acatar todos los tribunales colegiados que tienen asuntos pendiente por resolver contra la reforma.
Se retira el carácter de “preferente” a esa actividad industrial y garantizan los derechos de los pueblos originarios y el cuidado del medio ambiente, dijo.
Previamente hubo reuniones con actores involucrados en la minería, grupos sociales e indígenas. La reforma privilegia el uso del agua para consumo doméstico sobre la minería, dijo.
Antes de presentar un dictamen se abrirá a discusión pública con el sector, el gobierno federal y especialistas, anunció el diputado de Morena, Manuel Rodríguez.
Es necesaria para el país y tiene que ver con parte de lo que es la 4T: recuperar el patrimonio nacional, dijo el coordinador de la bancada, Ignacio Mier.
La reforma de 1992 buscaba que la industria fuera "competitiva". El derecho de preferencia permitió despojos, expropiaciones y daños al medio ambiente.
“Votaremos en abstención y nos retiraremos del recinto porque no coincidimos en violentar el estado de derecho”, anunció el priísta Carlos Iriarte Mercado.
Se detalló que la obligación de realizar consultas, como solicitaban los demandantes, se encuentra en la Constitución y no es obligatorio que se incluya en la discutida ley.
Organizaciones advirtieron que el proyecto de resolución del ministro Javier Laynez Potisek va en ese sentido, por lo que dirigieron una carta a la SCJN para no aprobarlo.
