Como habían exigido organizaciones de mujeres y legisladoras, se cumplió con los tiempos electorales para obligar a los partidos a no incluir candidatos que cuenten con sentencia firme por delitos contra mujeres, violencia política de género o por no pagar pensión.

La Permanente hizo la declaratoria a la ley que prohíbe ocupar cargos de representación a sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y deudores alimenticios.

Por unanimidad se aprobó la minuta de reformas.

Mujeres también solicitaron el aval a la llamada ley 3 de 3 que impide la llegada a puestos de elección popular a quienes son deudores alimenticios y agresores.