Hace 16 años fue aprobado. Se requiere que las autoridades lo garanticen de manera progresiva, equitativa y con perspectiva de género, señaló la Comisión.
Pidió identificar a las mujeres que enfrentan un proceso por interrupción del embarazo para que accedan a recursos que les permitan obtener su libertad.
La SG junto con distintas instancias federales “desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación”.
