Esto en respuesta a las críticas generadas por la manera en que se concedió el amparo a seis empresas para declarar inconstitucionales diversos ordenamientos de la ley de la Industria Eléctrica.
La norma rechazada establecía la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses, la eliminación de la doble indemnización por despido para los casos en los que el trabajador no esté registrado.