De ellas, 17 son de nacionalidad mexicana y el resto, guatemalteca. Son probables responsables de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.
El gobierno de Tamaulipas cubrió los gastos de la repatriación, así como los causados para que las familias de las víctimas acudieran a Ciudad de Guatemala a la recepción de los cuerpos.