El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, abundó sobre la problemática generada por el alto número de este tipo de establecimientos.

A seis años del inicio de diversos procesos de organización y resistencia en contra de la industria porcícola, comunidades mayas lograron que el gobierno federal se comprometa a ello.

Este modelo agroindustrial, que se extiende en todo América, reproduce patrones de explotación que despoja a los territorios indígenas, concluyeron.

Activistas reportaron los daños desde mediados de este año, pero señalan que ni autoridades del estado ni de la federación han dado respuesta.

La suspensión impide que funcionen desde 2018.

Porque carecían de permisos de impacto ambiental, generaron afectaciones a la biodiversidad y no presentaron resultados de descargas de aguas residuales.

Contamina los mantos acuíferos y pone en riesgo la salud de los pobladores. De 257 establecidos, sólo 22 tienen estudio de impacto ambiental.