La propuesta surgió luego de las amenazas y ataques de que grupos delictivos contra comerciantes que se negaran a surtirse de pollo con un sólo proveedor.
Fueron ingresados al Penal de Barrientos por el delito de trata de personas, en la modalidad de utilización de menores de edad en actividades delictivas y delitos contra la salud.
Dos de las once sobrevivientes de la tortura sexual señalaron que la fiscalía mexiquense se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, incumpliendo la sentencia contra el Estado emitida por la CIDH.
La agresión se da días después de que aparecieran en varios puntos del Valle de Toluca narcomantas donde un grupo delictivo amenazaba a personal de la fiscalía del Edomex.
