Collins enfrenta una acusación de desvío de recursos por la adquisición de un inmueble con un valor superior a los 75 millones de pesos.

La ley de servidores públicos de Jalisco establecía que los funcionarios temporales debían cumplir seis años y seis meses de servicios consecutivo.

Un sentenciado por extorsión señaló que era inconstitucional el aumento de castigo, sin embargo los magistrados argumentaron lo contrario.