El GIEI, conformado a instancias de la CIDH, responsabilizó a ambos gobiernos por la violencia tras las elecciones de 2019, que dejó 38 muertos.

"Se ha descompensado, los médicos van a informar de esa situación", dijo la gobernadora de la cárcel de mujeres de La Paz, Karina Figueroa.

El fiscal Harold Jarandilla acuso a la ex presidenta de usar a las fuerzas de seguridad para presionar la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.