La propuesta redactada por el Centro Nacional para la Investigación de Políticas Públicas (NCPPR) —un grupo de expertos conservador— instó a la compañía a seguir el ejemplo de varias empresas de alto perfil.
De sus 80.000 trabajadores, más de 50.000 podrían ser potencialmente víctimas de la discriminación racial, por orientación sexual o de género que el DEI pretende combatir.
La medida responde a que el Tribunal Supremo de EU avalará un ley en la que prohíbe a universidad condicionar aspectos de raza en sus proceso de admisión.
