El objetivo es hacerlos rendir cuentas por sus actuaciones contrarias a los derechos y libertades el pueblo de Nicaragua.

El gobierno dijo que “las condiciones de reclusión (de Álvarez) son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer”.