Llegaron a Mexicali para huir de su responsabilidad judicial.

Cada año se reciben alrededor de 900 mil demandas de igual número de mujeres que requieren se resuelva la pensión alimentaria, resaltó.

La minuta busca también evitar que sentenciados por violencia familiar o delitos sexuales sean candidatos a cargos públicos.

El morenista pretende modificar ley 3x3 -aprobada ya en nueve estados y por la SCJN-, que impide a deudores alimentarios ocupar cargos públicos.

Ante la SCJN también pidieron que se confirme la constitucionalidad de reformas a leyes electorales en Yucatán.