La audiencia inicial de Pedro Cortés y Diego Mendoza, acusados de la desaparición de 18 personas, fue diferida en 14 ocasiones, no se presentaron pruebas y presenta muchas inconsistencias.
Activistas locales e internacionales acusan que se violó el debido proceso de los detenidos durante el operativo del FRIP en diciembre pasado. Aseguran que Díaz Montejo es preso político.
