Representantes de la ASF acudieron a la FGR y se formularon las querellas para sancionar a quienes hubieran incurrido en desvíos de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

El perredista José Esquivel Vargas, conocido como “Chac Mex” es señalado de simular sesiones de cabildo para autorizar ilícitamente bonos de fin de año.

Logró la FGR revertir protección judicial. El ex funcionario de Sedesol suma dos procesos por contratos ilegales en Hidalgo.

Antonio Pinedo Cornejo fue coordinador de Comunicación Social y vocero del panista Javier Corral Jurado en la administración estatal 2016-2021.

Carlos Arturo Noriega García es acusado de desviar 70 millones de pesos del Instituto de Pensiones estatal, durante el gobierno del ex mandatario, Ignacio Peralta.

René Gavira Segreste era el segundo hombre en importancia de la dependencia cuando se detectó el millonario desfalco.

Javier Velázquez Díaz mantiene retenidos a siete integrantes del ayuntamiento, dijo Josefa María Sánchez, quien solicita la intervención del gobierno estatal.

José Alfredo Díaz Moreno es el quinto presidente municipal hidalguense relacionado a la llamada ‘Estafa Siniestra’.

Los ediles son señalados por desvió de recursos, falsificación de documentos y colusión con el crimen organizado.

Tres de los cuatro detenidos señalados se acogieron al derecho a la duplicidad del término constitucional; en 144 horas se determinará si son o no procesados por peculado agravado.

Elementos de la PGJH apresaron a Fidel Arce de Epazoyucan; Felipe Juárez Ramírez de Huautla; Luis Enrique Cadena, de Nopala y Elías Sanjuan Sánchez de Yahualica.

Jorge Adalberto ‘N, ex trabajador de Protección Civil estatal es señalado por la supuesta compra simulada de un helicóptero de 45 mdp que nunca fue entregado.

El Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense emitió nueve sentencias; hay inhabilitaciones hasta por 10 años.

La jefa de Gobierno dijo que no quedará impune el robo de recursos destinados a la reconstrucción, cometido por funcionarios de la pasada administración.

Entre otros delitos, Antonio Gómez Pelegrín es acusado por desvío de recursos públicos y abuso de autoridad, los cuales habría cometido entre 2015 y 2016.

La querella incluye delitos de corrupción y desvío de recursos por medio de contratos otorgados e empresas relacionadas a Odebrecht.

La institución educativa detalló que como entidad pública es auditada permanentemente por organismos estatales y federales.

La acción está relacionada con el desvío de un donativo de 15 mdd de Taiwan a damnificados salvadoreños de los terremotos de 2001.

El año pasado la UIF congeló 156 mdd en transferencias a la universidad, por lo que la casa de estudios es investigada por presunto lavado de dinero.