Defensores de derechos humanos piden intervención del Estado, ya que la disputa entre grupos del crimen organizado ha dejado despojo y asesinatos, afirman.
El objetivo primordial es otorgar un servicio de calidad, eficiente, transparente y a la altura de lo que la ciudadanía ha demandado por años, dijeron.
Tanto la fiscalía yucateca como la de Quintana Roo colocaron sellos en las inmediaciones del inmueble que no impiden la entrada y salida de huéspedes y trabajadores.
Señalaron que la defensa de sus recursos es una lucha mundial, pues en todos los rincones hay inversionistas que se quieren aprovechar del agua y de la tierra.
Los transportistas, que en 2008 chatarrizaron camiones de microbús para integrarse a la Línea 2, aseguran que el representante de la empresa busca venderla.
Organizaciones y colectivos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, afirmaron que los tres niveles de gobierno “no han intervenido para frenar las agresiones".
