El grupo de presuntos delincuentes se apostó en la azotea del edificio para apropiarse de inmueble, pero la policía logró contener la acción.

La Fiscalía General de Justicia de CDMX aseguró el inmueble con el número 27 en la calle General Anaya, Merced Balbuena, por el delito de despojo.

Defensores de derechos humanos piden intervención del Estado, ya que la disputa entre grupos del crimen organizado ha dejado despojo y asesinatos, afirman.

Afirman que los certificados de propiedad de 850 parcelas les fueron quitados con engaños.

El despojo millonario de sus tierras ocurrió en 1996 como resultado de un contrato de mandato y un supuesto contrato de donación.

El organismo debe conciliar con los deudores.

El objetivo primordial es otorgar un servicio de calidad, eficiente, transparente y a la altura de lo que la ciudadanía ha demandado por años, dijeron.

En 2019 un grupo de campesinos ingresó al predio bajo el argumento que querían despojarlos.

Señalan que la dependencia quiere adjudicarse dos edificios que son parte del patrimonio de la normal.

Piden a la Fiscalía que se judicialice la carpeta de investigación por despojo del inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez # 43.

El predio de ocho hectáreas donde viven 600 personas, fue incluido en una promesa de pago del Ayuntamiento de Toluca a una constructora, dicen.

Tanto la fiscalía yucateca como la de Quintana Roo colocaron sellos en las inmediaciones del inmueble que no impiden la entrada y salida de huéspedes y trabajadores.

El objetivo es recuperar y regresar sus departamentos a las familias que fueron víctimas, dijo el titular de la SSC.

En Fuerte de Loreto temen más inseguridad tras desalojo.

Las dependencias integran carpetas por el delito de despojo y buscan recuperar diversos departamentos en beneficio de propietarios legales.

Señalaron que la defensa de sus recursos es una lucha mundial, pues en todos los rincones hay inversionistas que se quieren aprovechar del agua y de la tierra.

También han ocurrido desalojo de pobladores en Yucatán, informaron representantes de comunidades mayas.

Los transportistas, que en 2008 chatarrizaron camiones de microbús para integrarse a la Línea 2, aseguran que el representante de la empresa busca venderla.

El predio, ubicado en la colonia Agrícola Oriental, está relacionado con una carpeta de investigación por despojo.

Organizaciones y colectivos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, afirmaron que los tres niveles de gobierno “no han intervenido para frenar las agresiones".

Noventa familias de los poblados San Bartolomé de los Llanos y Yaxhan de los Pobres piden la intervención de los gobiernos federal y estatal.

Linares Salvatierra es acusado del desvío de 475 mdp. Su defensa confía en que saldrá en libertad bajo fianza.