Diecinueve trabajadores demandaron a la asociación por despido injustificado, a la fecha once mantienen el recurso legal.

El afectado reclama que la institución educativa no ha cumplido de forma integral la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Lorely Castillo Santos dijo que su despido injustificado, las amenazas de muerte, y tentativa de feminicidio se debe a negligencia por parte de la Universidad.

Expone incumplimiento de funcionarios de la empresa, que derivaron en negativas de pagos, prestaciones y reconocimientos relacionados con la plaza laboral del afectado.

Se les notificó vía telefónica que este lunes deberían presentarse en las oficinas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Determinó que trabajadoras estatales de confianza tienen la misma protección contra un despido injustificado que las de base.

Aunque el militar se ausentó de sus labores 72 horas consecutivas, el castigo aplicado por la Sedena, fue considerado por los magistrados de la Corte como inconstitucional.

Las tres manifestantes, quienes laboraban en las áreas de farmacia y unidades móviles, mostraron cartulinas con mensajes de inconformidad.

La ahora ex servidora pública señaló que la cesaron de su cargo por su cambio de género. Su esposa también fue removida de su puesto.

Explican que cerca de 200 empleados fueron separados de su empleo por exigir la entrega de implementos para su seguridad y el pago de salarios justos.

Les sugiere no firmar renuncia, hojas en blanco ni finiquito, en medio de la contingencia por la pandemia de Covid-19.