Uno de los casos más relevantes vinculados al ex funcionario estatal es la construcción de cinco cuarteles de seguridad en varios municipios de michoacán, donde el costo de una obra pasó de 100 a más de 900 mdp.
Abogados del ex gobernador de Chihuahua señalan que la segunda orden de aprehensión en su contra atenta contra los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica.
