En 2023 protestas masivas condujeron al cierre de la mina, cuyo contrato de concesión fue declarado entonces “inconstitucional” por la Corte Suprema panameña.

Vecinos de la entidad denunciaron la existencia de peces muertos y de contaminantes en un tramo del afluente La Chueca.

Las obras ponen en riesgo El Cerrito, zona natural que alberga flora endémica de la región, así como tierras de recarga de mantos acuíferos.

El fallo se basa en un reporte de la Profepa que confirma el derrame de cemento en varias cueva donde instalaron pilotes para la constrciión de las vías.