El ministro saliente fue señalado de conocer el desvío de unos 200 mil dólares en contratos públicos, que habrían sido utilizados para sobornar a congresistas.

Álvaro Leyva fue llamado a juicio disciplinario por una investigación sobre la licitación para elegir a la empresa encargada de diseñar e imprimir los pasaportes, por un monto cercano a 150 millones de dólares.

El anuncio fue bien recibido por la mayoría de los actores políticos, pero quedó eclipsado por el despliegue mediático para el inicio del juicio al hijo del presidente Gustavo Petro.