Álvaro Leyva fue llamado a juicio disciplinario por una investigación sobre la licitación para elegir a la empresa encargada de diseñar e imprimir los pasaportes, por un monto cercano a 150 millones de dólares.

El anuncio fue bien recibido por la mayoría de los actores políticos, pero quedó eclipsado por el despliegue mediático para el inicio del juicio al hijo del presidente Gustavo Petro.