En el documento difundido en el Diario Oficial de la Federación se señala la responsabilidad del Estado mexicano por los hechos violatorios que devienen del incumplimiento al derecho a la vida.
García Rodríguez fue detenido el 25 de febrero de 2002 y pasó más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, hasta que se le dictó la sentencia de 35 años de prisión
El acceso a la información y la protección de datos personales seguirán garantizados por la Constitución y la legislación secundaria, afirman funcionarios del gobierno en audiencia ante CIDH.
Ofreció que la Subsecretaría de DH de Gobernación explique las razones jurídicas de por qué el Estado se allanará parcialmente a la resolución presentada en la CIDH.
Se ven afectados los principios de independencia judicial y se producen actos contrarios a la Constitución con miras a unas "elecciones no seguras y viciadas".
Hay casos que tardan años para poderse atender en esta instancia y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!”, expresó.
Pidió que en las diligencias se incorpore un enfoque que considere el trabajo del presbítero como defensor de DH, así como las amenazas y hostigamientos que había recibido.
A 10 años de la noche de Iguala, el organismo internacional señaló su preocupación por la parálisis y opacidad de la investigación sobre el paradero de los normalistas.
Desde enero registra "cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo", directamente de parte del presidente López Obrador, señaló el Centro de DH.
"Bajo un discurso democratizador persigue la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia", resaltan en una petición.
La propuesta del gobierno federal ha generado un clima de hostilidad contra las judicaturas en las últimas horas aseguran jueves y magistrados de la Asociación.
Se espera que sea liberada en las próximas horas y siga su proceso fuera del centro penitenciario bajo la representación del El Instituto Federal de la Defensoría Pública
La migración, incluso la irregular, “no es un delito”, y por el control fronterizo armado debe ser “lo más estricto posible, justificado y sujeto al cumplimiento de los criterios interamericanos: Pochak.
El Estado salvadoreño reconoció parcialmente su responsabilidad en la desaparición de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez.
