El crimen “fue un acto atroz perpetrado por el Estado”, consecuencia “de la política oficial para castigar y desarticular" el autogobierno de San Pedro Chenalhó.

Gobernación firmó el Acuerdo de Solución Amistosa que prevé, entre varios compromisos, la realización de un documental para relatar los hechos y la reparación del daño.