La sinrazón alrededor de la reforma judicial continúa generando violaciones a la Constitución. Es preocupante que los criterios políticos y no los jurídicos estén imperando para impulsar los procesos de ejecución
"También que no afecte la carrera judicial ni los derechos de los trabajadores e impartidores de justicia: todo con miras hacia un mejor futuro para la administración de la justicia".
