También buscan que los jueces estén obligados a consignar a los sentenciados a condenas de entre 10 y hasta 30 años.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales señala la violación de la presunta inocencia al tener datos genéticos de las personas aún no sentenciadas.

El plan de Política Criminal dará prioridad a la violencia familiar y abatir el rezago de cinco años en órdenes de aprehensión.