Sostuvieron que la alcaldesa dejó en el abandono a las siete casas y afirmaron que el presupuesto destinado al funcionamiento de éstos espacios fue desviado.
El objetivo es formular propuestas de política pública dirigidas a la atención de este delito, detalló la La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG.
