La propuesta de reforma plantea cárcel hasta por 30 años a los perpetradores de violencia ácida y se garanticen tratamientos médicos a las víctimas.

La pena puede incluso alcanzar los 22 años de prisión cuando exista una relación sentimental o de parentesco entre el agresor y la víctima.

Se incluye el "uso de sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra".

Al anochecer, sobre la fachada de Palacio Nacional, se proyectaron los nombres de las mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido.

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