En el artículo 256 se consideraba como persona servidora pública a quien tuviera la dirección o administración de una asociación civil que recibiera fondos, recursos o apoyos públicos.
La presidenta de “Qué siga la democracia”, Gabriel Jiménez Godoy, acusó a los consejeros de no actuar a la altura en convocatoria y consulta de revocación.