Las comunidades originarias deben ser tomadas en cuenta para la distribución del recurso público de los programas de obra estatal, así lo establece la ley.
En torno a la autonomía está garantizado el derecho para preservar, incrementar y administrar su patrimonio sin más limitaciones que las que le imponga la ley.
Habrá catástrofe de impunidad y podrían ser liberadas casi 4 mil personas que enfrentan procesos judiciales por delitos graves en Michoacán, dice el gobernador.
