La decisión de Joseph N. Laplante, en Nueva Hampshire, se produce después de dos fallos similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.

La Unión Americana de Libertades Civiles, su filial en Texas y el Texas Civil Rights Project y dos grupos de ayuda a migrantes consideran anticonstitucional la medida.

Acusaron al gobierno estadunidense de "compras masivas de datos de ubicación" sin orden judicial.