Las entidades federativas estaban obligadas a ajustar sus normas internas a efecto de garantizar que los municipios dispusieran libremente de su patrimonio.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite los recursos presentados por los partidos de oposición en contra de la primera etapa de la reforma electoral.
Aunque fue admitida la controversia constitucional sobre la norma que les permite realizar esas labores, su aplicación seguirá hasta que resuelva el Tribunal.
