Un juez federal concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación contra el ex gobernador priísta de Quintana Roo (2011-2016).

A través de su defensa argumentó cuatro puntos de impugnación que le fueron negados.

El ex funcionario es señalado por el quebranto de tres mil 430 mdp, en perjuicio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca.