Urge garantizar “una participación efectiva de las familias, en un diálogo abierto y transparente, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones de la ONU y otros mecanismos internacionales”.
Recurso promovido desde 2013. Seis años después, un fallo de primera instancia señaló la responsabilidad de Sedena en el caso Cruz Sánchez-Reyes Amaya.