Nueve de sus 11 ministros se manifestaron a favor de declararla inconstitucional en razón de que para su aprobación se incurrió en violaciones al proceso legislativo.
Ante ello, iniciará el estudio del proyecto de sentencia propuesto por el ministro Alberto Pérez Dayán, que propone invalidar la primera parte del Plan B
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal subrayó que de invalidarse el proceso legislativo con el que se avalaron dichas reformas, la Corte violará el principio de división de poderes.
El tema de los proyectos que se resolverán el lunes se planteó como netamente electoral, y por tanto debe quedar resuelto antes de que inicie el periodo electoral.
Busca evitar que se aprueben reformas a las leyes de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas y de Medios de Impugnación en Materia Electoral del PJF.
Asociaciones civiles se unirán a este esfuerzo, se dijo, para pedir que declare inconstitucional los cambios que buscan recortar presupuesto y la estructura del INE.
Empleados del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas presentaron la demanda para no perder empleos, proteger sueldos y salarios.
El ministro Pérez Dayán negó la medida cautelar al considerar que no hay ningún derecho humano vulnerado que requiera protección inmediata de la Corte.
Fue interpuesto “un juicio electoral urgente” ante el TEPJF. El decreto entra en vigor mañana, pero un transitorio establece el despido al momento de la publicación.
El Presidente los calificó así por las quejas tras la publicación en el DOF del Plan B. Cuestionó al secretario ejecutivo, Jacobo Molina, quien está en el cargo desde 2008.
