El presidente del Tribunal utilizó un recurso conocido como “solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del PJF.”
La UIF fue quien detectó los movimientos irregulares de Marco Antonio Fuentes Tapia, por un monto de 36.5 millones de pesos, y denunció los hechos ante la FECC.
Consideró que la elección de José Luis Vargas es una recompensa del ejecutivo por la sentencia que negó registro como partido político a su agrupación México Libre.
