La mandataria desmintió las versiones que varios actores irresponsables han publicado en torno a las modificaciones al instituto aprobadas hace unos días en el Senado.
Juez Nahúm Bautista Gallardo señaló que la sentencia tiene por objetivo evitar bstáculos y limitaciones a la parte actora, toda vez que acreditó contar con una pensión de invalidez definitiva.
A la par se impulsará un programa de renta social para que los trabajadores renten a bajo costo y a los 10 años podrán adquirir la vivienda, tomando en cuenta lo que han pagado.
Permitirá liquidar préstamos con banca comercial y reducir la mensualidad y plazo de vencimiento, al usar como garantía a la vivienda o saldo de subcuenta.
Se ha impulsado que los beneficiarios modifiquen los términos de su deuda a fin de transformar en pesos lo que estaba tasado en veces el salario mínimo.
La cantidad había sido recuperada por FGR y se usarían para la rifa del avión presidencial en 2020. Eran reclamados como parte de recursos pagados por la administración anterior.
El Consejo de Administración determinó que no se ajustará conforme al 20% de aumento al salario mínimo ni a las UMA, calculadas con la inflación anual.
Recomienda realizar la conversión a más tardar en diciembre, a fin de evitar que las mensualidades se encarezcan en una proporción similar a la inflación.
El instituto planifica un esquema de arrendamiento, con opción a compra, en el que se buscará generar una sinergia entre el instituto, los propietarios y los alcaldes.
La Comisión solicitó al Instituto finalizar los procedimientos de regularización y escrituración de 41 víctimas sin certeza jurídica sobre sus casas, en Coahuila.
