El ex gobernador de Sonora, vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, promovió un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

Denunció influyentismo en Poder Judicial de abogados como los panistas Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia.

Un tribunal en el Edomex le niega un amparo para anular el proceso que lo acusa de operaciones con dinero ilícito por 11 millones de pesos.