La acusación se sustenta en dos homicidios ocurridos en 1995 en Nayarit, en contra de un subcomandante de la Policía estatal y otra persona que lo acompañaba.
La suspensión no tendrá ningún efecto sobre actos posteriores al amparo ni en caso de que el traslado obedezca a cuestiones de seguridad penitenciaria.
