El análisis del caso -ocurrido a casi 20 años- representa una oportunidad para que el Estado investigue la muerte de la activista de forma independiente.
La llegada a la CorIDH del caso de la muerte de la abogada, es una oportunidad además de demostrar que se trató de un homicidio y no un suicio, sentenciaron.
La defensora de derechos humanos perdió la vida en octubre de 2001 en condiciones no del todo aclaradas, lo cual llevó a las autoridades a declarar el caso como un “suicidio”.
