Esto por un cambio de criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a contradicciones entre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

Fue durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y se acordó un pago de más de 270 mil millones de pesos.