Organizaciones civiles señalaron que de aquella represión, ordenada por el ex mandatario Francisco Ramírez Acuña, derivaron en nueve casos de tortura y 55 de trato degradante.
Sus integrantes exigen la restitución de tierras del cancelado NAIM y justicia por la represión y asesinatos cometidos por gobiernos como el de Peña Nieto.
La SFP los acusó de causar un daño al erario superior a los 26.5 mdp, tras haber suscrito y pagado indebidamente dos contratos, para el desarrollo de un evento.
Realizaron un programa artístico y cultural virtual que fue transmitido en vivo por la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
