Ciudad de México. Organizaciones feministas, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, condenaron que el Congreso de Guanajuato haya desaprovechado, por segunda ocasión, la oportunidad de despenalizar el aborto en la entidad.
Junto con Católicas por el Derecho a Decidir y México y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, aseguraron que la situación en el estado sigue siendo “alarmante; de abril de 2007 al 30 de junio del año pasado, 560 guanajuatenses han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo en los servicios de salud públicos, reflejo de una política pública que excluye y castiga a quienes no pueden desplazarse.”
Asimismo, en lo que va de este año, 4 mil 257 niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años han sido madres, de las cuales 122 tenían entre 10 y 14 años, lo que evidencia graves fallas del Estado para prevenir y atender embarazos posiblemente vinculados con violencia sexual.
Con esta nueva negativa, las fuerzas políticas dominantes en la entidad insisten en postergar el cumplimiento de su obligación constitucional y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Este día, el dictamen en sentido negativo que desecha la propuesta de despenalizar el aborto, fue aprobado por 19 votos, frente a los 17 votos que buscaban la reforma.
Sostuvieron que la votación legislativa infringe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que la criminalización del aborto es inconstitucional y que el acceso al aborto seguro debe garantizarse como parte del derecho a la salud. También contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que desde 2022 ha llamado a eliminar todos los obstáculos normativos innecesarios -como la penalización- que impiden acceder a este servicio esencial de salud.
Hasta ahora, dos terceras partes de las entidades en México han despenalizado el aborto, “pero en Guanajuato, algunas y algunos legisladores insisten en mantener la criminalización y la discriminación jurídica que afecta directamente a miles de personas, profundizando las desigualdades por razones de género, clase y territorio.”
A ello se suma “la gravedad de la situación a nivel nacional: procuradurías o fiscalías han reportado 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto de enero 2012 a diciembre 2022 y de ellas 209 son de Guanajuato
“Es inadmisible que en 2025 se sigan imponiendo barreras jurídicas sustentadas en prejuicios religiosos y desinformación, en lugar de políticas públicas basadas en derechos humanos, evidencia científica y salud pública.”
Con este resultado, las mujeres y personas con capacidad de gestar en Guanajuato seguirán sin la garantía de su autonomía reproductiva ni se reconocerá legalmente su derecho a decidir. Además, seguirán siendo criminalizadas por ejercer su derecho a una maternidad libre y elegida, sólo por vivir en un Estado que se niega a avanzar hacia el pleno reconocimiento de las libertades y los derechos humanos.
“El aborto legal es una demanda social urgente. Colectivas, redes de acompañantas, organizaciones guanajuatenses y muchas otras han sostenido durante años una lucha legítima desde el territorio, con acciones legales, artísticas, pedagógicas y de acompañamiento.”
Reconocieron “el compromiso y la congruencia de las diputadas y los diputados que votaron a favor de los derechos de las mujeres y personas gestantes y señalamos la responsabilidad histórica de quienes hoy decidieron darle la espalda a su obligación de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva sin discriminación.”
